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10/Octubre/2017 
Artículo Único
Angel Mario Ksheratto
Chiapas, rehén del caos

“Hemos sido tolerantes hasta excesos criticables”, repitió hace unos meses el gobernador Manuel Velasco Coello, para advertir que la presión social para aplicar el Estado de Derecho, había tocado fondo y en tal virtud, la templanza frente a excesos de diversos grupos sociales minoritarios que mantienen secuestrada a la sociedad en su conjunto, habría terminado para entonces, aplicar los rigurosos correctivos que contempla la ley.

La atracción de la frase —pronunciada por el asesino Díaz Ordaz antes de masacrar a cientos de estudiantes en 1968—, atrajo también duras críticas contra el gobernante que, por primera vez —aún equivocado y absurdamente envalentonado—, daba muestras de haber entendido su papel de estadista, con todo y las consecuencias políticas y sociales de habría de asumir.

Casi paralelamente, el Congreso del Estado, por obligada ordenanza del Ejecutivo, aprobó un ramillete de leyes severas contra quienes secuestrasen las vías de comunicación y limitaran los consagrados derechos de libre tránsito contenidos en la Constitución General de México. Nada extraordinario ha ocurrido desde entonces.

La toma de casetas en tramos federales para recaudar “fondos” para causas nada claras, el cierre de carreteras y la obstrucción de calles y comercios en las ciudades, es tan cotidiano que el día que no hay uno o más grupos causando daños a la economía y limitando las libertades civiles, causa profunda extrañeza.

Cierto es que muchos grupos razonan su protesta, aunque no justifican acciones deplorables como el secuestro de ciudadanos, tal y como ocurrió éste martes, en pleno centro de la ciudad, cuando un grupo de personas, cerró vialidades y exigió diversas cuotas para permitir el paso a los automovilistas.

El hartazgo por la pasividad gubernamental, el desorden y la falta de garantías en todos los sentidos, es inocultable; ello ha generado incertidumbre y ha exacerbado los ánimos de la sociedad, pero también, ha dado manga ancha a grupos de oportunistas —que aprovechan la ineficacia del gobierno para escuchar y atender demandas justas—, para convertir la sana exigencia en pretexto para someter a la mayoría de chiapanecos que lo único que quieren, es llevar pan a su mesa.

No es que se le esté pidiendo al gobierno tácticas de represión, ni actos al margen de la ley que nos arrastren a un Estado criminal. Solamente el estricto cumplimiento de la ley; mano firme para contrarrestar abusos y excesos de grupos violentos que amenazan y despojan a la ciudadanía, no solo de derechos y libertades, sino de los pocos centavos que ganan en sus trabajos.

En cualquier país del mundo, el Estado es más fuerte que grupos de interés y mucho más, cuando éstos desestabilizan y ponen en riesgo la seguridad y el desarrollo de los pueblos. ¿Acaso 100, 200, 300… mil o dos mil gentes sin oficio ni beneficio, son más fuertes que el Estado? ¿Debemos estar sometidos a ellos, los cuatro millones de habitantes de Chiapas?
La debilidad del gobierno es terriblemente preocupante. Al mandatario en turno, parece no importarle el bienestar de los ciudadanos; a sus funcionarios, tampoco.

La catástrofe en que se han convertido las instituciones y el desorden jurídico que priva en la entidad, ha llevado al estado hacia el abismo. No estamos al borde, sino en el fondo de una profunda barranca de ilegalidades, abusos y violaciones inaceptables a los derechos humanos.

Al desbarajuste social y legal, agreguemos la crisis financiera, derivada de presuntos actos de corrupción, cometidos, aparentemente, por funcionarios de todos los niveles, incluidos aquellos que han construido una cortina de humo para que Velasco Coello, no vea la terrible realidad de Chiapas.

La urgencia debe radicar en el inmediato rescate del marco jurídico, la credibilidad de las instituciones y la depuración del gabinete que hasta hoy, solo ha pervertido el arte de gobernar. Chiapas no puede seguir siendo rehén de minorías oportunistas, ni de autoridades enclenques que, a pesar de la crisis en que tienen a la entidad, confían en captar votos para las siguientes elecciones.

Gobernar no es solo entregar despensas y echar verborrea insulsa; gobernar es garantizar, a todos y sin distingos, un desarrollo equilibrado. Es aplicar la ley y ofrecer certezas jurídicas. Es llenar todos los vacíos para que la gente viva conforme a normas, no de acuerdo a caprichos unilaterales.

No hacer uso de los instrumentos legales y jurídicos, es compartir el caos cuando no, promoverlo para sacar, en su momento, raja política. Manuel Velasco, puede que todavía esté a tiempo de cumplir con la obligación constitucional que asumió el día que tomó protesta. Si él quiere, claro está. 


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