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04/Septiembre/2017 
Artículo Único
Angel Mario Ksheratto
Seguridad y juicios orales

Los números son oficiales: 32 mil 146 detenidos, 613 bandas criminales desmanteladas; 200 pandillas centroamericanas desarticuladas, más de 2 mil vehículos recuperados y 707 armas de fuego incautadas. Son cifras de la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana —a cargo de Jorge Luis Llaven Abarca—, relacionadas con el tema específico de seguridad pública y combate a la criminalidad.

A simple vista, son números que impresionan (o que quizá, no interesen) y que, desde la perspectiva oficial, resaltan el resultado de una política que ha sido eficiente y que, si vamos al terreno de las comparaciones, estamos muy lejos de otros estados donde la violencia se ha disparado en gran magnitud.

En Tamaulipas, desde el 2016, la tasa de homicidios, mantiene un promedio de entre 80 y 90 por mes; en Veracruz, el promedio ha llegado a rebasar los 132 asesinatos en ese mismo lapso. Guerrero y el Estado de México, están entre los 165 y 170 homicidios. Hay que destacar que en esos como en otros estados como Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa, Baja California, Tabasco y Michoacán, el 88 por ciento de las muertes violentas, están vinculadas con el crimen organizado y el narcotráfico.

Aunque ni la Fiscalía ni la SSPC, ni ninguna otra institución han revelado el dato, estudios sobre el fenómeno de violencia en el país, ubican a Chiapas con un promedio de entre 35 y 40 homicidios dolosos mensuales, estando solo el 19 por ciento, ligados al crimen organizado, principalmente en el norte de la entidad, cuyos municipios colindan con Tabasco, estado en el que la violencia se ha recrudecido en los últimos meses.

Un dato revelador proporcionado por una fuente no autorizada para hablar y dependiente de la Fiscalía General, indica que la mayoría de detenidos en diversos ilícitos (incluyendo robo con violencia, lesiones, asaltos y violaciones) son personas provenientes de otros estados de la república y países centroamericanos.

¿Es efectiva la política de seguridad implementada en Chiapas? Sí y no. Sí, porque si lo vemos frente a lo que ocurre en otras entidades de la Federación, la violencia es mínima; no comparada con Yucatán y Tlaxcala, que reportan solo entre dos y siete homicidios por mes, pero que se ajusta a las condiciones que surgen de la emigración y asentamiento de ciudadanos de otras partes del país y del continente.

No, porque si bien la SSPC y la Fiscalía hacen su trabajo, en el sistema de impartición de justicia, se pierde el hilo de la justicia; por paradójico que parezca, es así, por desgracia.
El nuevo sistema judicial (juicios orales y toda esa cosa) echan por tierra el trabajo policial. Un comandante de la secretaría de Seguridad Pública me confió que en un mes, detuvieron casi 15 veces a un mismo sujeto, involucrado en robo a casas habitación, asaltos callejeros, robos a comercios, amenazas, portación de arma.

Ahí debe haber una revisión a fondo del sistema. Porque el delincuente, es liberado de inmediato y sale a hacer lo que sabe hacer bien: delinquir. Ya sea porque el juez se corrompe o se pone de acuerdo con el Ministerio Público o porque éste último, no integra debidamente el expediente.

Sirve de poco que la policía de Seguridad Pública se esfuerce por detener a los delincuentes, si en el juzgado o ante el MP, el criminal sale por la puerta grande. De hecho, hay a nivel nacional, una discusión respecto a ese sistema de justicia. Resulta insuficiente, inadecuado y riesgoso para la seguridad ciudadana, puesto que otorga demasiadas libertades a los delincuentes.

Hay que rescatar un hecho que casi no se toca en materia de seguridad: en Chiapas, el 50 por ciento de los policías, han estudiado la preparatoria como parte de sus obligaciones dentro de la institución. El 20 por ciento, ya ha obtenido una licenciatura y el 5 por ciento, tiene un postgrado.

Probablemente parezca un dato insulso. Pero habla del mejoramiento policial; hay que decirlo: sigue habiendo malos elementos. Policías corruptos que quién sabe por qué razón, siguen en la institución. Y quizá hasta sean más que los buenos, pero el avance, es notorio.

La insistencia es, entonces, en que todas las instituciones jalen parejo. Si en la SSPC se hace lo posible para superar viejos esquemas y mañas, el sistema judicial, debe hacer lo propio. El Ministerio Público y la Fiscalía General, deben abandonar las inercias, la corrupción y la ineficiencia, para garantizar la seguridad de los chiapanecos.
Mientras una sola dependencia se estanque en el pasado, el trabajo del resto, no se verá; no caminará y eso, nos parece una irresponsabilidad de quienes tienen la obligación de mantener las garantías ciudadanas. ¿O me equivoco?


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